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México D.F. Viernes 06 de Diciembre de 2019 | 05:47


  • Mónica Uribe

    Mónica Uribe


30-07-2019 La reforma constitucional de los evangélicos

 

En 1991, cuando las reformas constitucionales en materia eclesiástica fueron discutidas por el Congreso de la Unión, hubo tres demandas que no fueron incluidas porque de entrada iban en contra de cualquier definición de laicidad en los términos históricos y culturales que enmarcaban la discusión: la posesión de concesiones de medios electrónicos, la educación religiosa en las escuelas públicas y el voto pasivo de los ministros de culto. Aunque los tres elementos constituyen parte de la definición de la libertad religiosa en términos de los derechos humanos, la cultura política mexicana no podía soportar una contradicción profunda en su concepción de separación Iglesia-Estado. En cuanto a la concesión de medios a las asociaciones religiosas, esto en realidad no significa problema pues éstas pueden comprar espacios en medios y las asociaciones civiles relacionadas con ellas sí pueden hacer uso de medios electrónicos. Por lo que toca a la educación religiosa en las escuelas públicas, este punto era y es inamovible en tanto el artículo tercero constitucional afirma que será laica y científica, mientras que en lo relativo a la posibilidad de que los ministros de culto puedan acceder a cargos en el gobierno o de elección popular, estaba por demás determinado que en esto no habría discusión alguna, pues la separación Iglesia-Estado supone la no participación del clero en el gobierno ni en otros órganos del Estado.

Este último punto es de nodal importancia pues para garantizar una absoluta igualdad, es necesario también considerar la visión que las asociaciones religiosas tienen de su relación con el ámbito gubernamental. Las iglesias cristianas históricas  - ortodoxos, católicos, luteranos, anglicanos, metodistas, presbiterianos, bautistas, todos los fundados hasta 1810, aproximadamente -  tienen una clara orientación a evitar la participación de sus ministros en aspectos políticos gubernamentales. En el caso de la Iglesia católica, el Código de Derecho Canónico en los cánones 285 y 287 establece sin ambages que los clérigos no pueden aceptar cargos públicos ni participar en sindicatos ni partidos políticos para evitar la ruptura de la unidad eclesial. 

Judíos, musulmanes, budistas y otras religiones también están por la separación con el Estado por múltiples razones.

Sin embargo, para los cristianos pentecostales y evangélicos de última generación, la mayoría de ellos, adenominacionales pues sus iglesias son pequeñas comunidades sin un liderazgo centralizado, a excepción hecha de fraternidades para temas específicos, presentan una definición de ministros de culto bastante laxa, que permite que éstos puedan acceder a cargos públicos y de elección popular porque en realidad no existe para ellos una separación tajante entre clero y fieles como en las iglesias históricas.

Ahora resulta que además de medios de comunicación, un grupo de asociaciones religiosas evangélicas pretenden realizar una modificación constitucional para permitir el voto pasivo de los ministros de culto. Este grupo, englobado en la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (CONFRATERNICE) y empujadas por el pastor Arturo Farela pretenden que en la reforma constitucional en materia eclesiástica que están negociando con el coordinador parlamentario de MORENA, el senador Ricardo Monreal  - claro, con la anuencia presidencial – se permita a los ministros de culto asociarse en partidos políticos y contender por cargos de elección popular. Crasa idea, porque la cultura política y la separación Iglesia-Estado lo impiden, de momento. El problema real es que esta idea tenga la bendición presidencial  … ya lo veremos en las propuestas de reforma al artículo 130 constitucional que se presenten en la Cámara de Diputados. 

Lo dicho, se puede discutir la laicidad y avanzar en lo que sea preciso y consistente con nuestra historia y cultura política, pero los derechos pasivos de los ministros de culto no pasarán. Hay muchos, incluyéndome, que agotaremos todas las instancias para evitar la presencia de un clero evangélico político, porque nadie más está pidiendo una reforma al 130 en este tenor.

 

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Mónica Uribe

Mónica Uribe

Politóloga e Historiadora


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